violaciones a la soberanía de Nicaragua y daños mayores medioambientales a su territorio



Nicaragua demandó ayer ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en La Haya, a la República de Costa Rica, por las “violaciones a la soberanía de Nicaragua y daños mayores medioambientales a su territorio”, derivados de la construcción de la carretera paralela al Río San Juan, que Managua pidió al alto tribunal ordene detener . 

La solicitud de Nicaragua, publicada en el sitio web de la CIJ, es que ese alto tribunal condene y declare que Costa Rica debe: restaurar la situación a su estado previo; pagar por los daños causados, incluyendo los costos adicionales por dragar el río San Juan.

Además, que establezca a la administración de Laura Chinchilla a que no realice ninguna actividad futura sin el apropiado estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo, y que dicho estudio debe ser presentado oportunamente a Nicaragua para su análisis y reacción.

En cuanto a la obra en cuestión, solicita: cesar las construcciones que conlleven afectaciones o que puedan afectar los derechos de Nicaragua; y elaborar y presentar a Nicaragua un adecuado Estudio de Impacto Ambiental con todos los detalles de la obra.

Los argumentos 
La solicitud de Nicaragua detalla que “Las acciones unilaterales de Costa Rica (…) amenazan con destruir el río San Juan de Nicaragua y su frágil ecosistema, incluyendo las reservas de biosfera adyacentes y los humedales protegidos internacionalmente, que dependen de una limpia e ininterrumpida afluencia del Río para su supervivencia”.

Según la solicitud, “la amenaza inmediata para el río y su entorno es afectada por la construcción de una carretera paralela, y extremadamente cercana, a la ribera sur del Río, y se extiende por al menos 120 kilómetros, desde Los Chiles, en el Oeste del delta hasta el Este”. 

Daños a reservas
Asimismo, Nicaragua argumenta que dicha obra ya se ha derivado en una gran cantidad de sedimentos formados por tierra, vegetación desarraigada y árboles derribados, producto de la preparación de la zona donde se realiza la construcción, cuyos sedimentos se alojan en las aguas del río.

Esta sedimentación, según la solicitud, plantea un peligro inminente para la calidad del agua, la vida acuática y la diversidad de flora y fauna en ambas riberas, especialmente en zonas que forman parte de la Reserva de Biosfera Indio Maíz, que a su vez, forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Al finalizar la solicitud, Nicaragua afirma que Costa Rica se ha rehusado en repetidas ocasiones a proporcionarle la información apropiada, relacionada con las obras de construcción que está llevando a cabo, y ha negado que exista obligación alguna de preparar y proveer un Estudio de Impacto Ambiental, que podría permitir una evaluación de la obra.

Es por ello que Nicaragua pide a la Corte ordene a Costa Rica elaborar y comunicar dicho documento. Y añade que “en las presentes circunstancias, y particularmente si la solicitud no produce resultados, Nicaragua se reserva el derecho de solicitar formalmente medidas previsionales”.
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