“barbarie ecológica” las obras de construcción que el gobierno de Costa Rica ejecuta en paralelo al Río San Juan de Nicaragua,







Como una verdadera “barbarie ecológica” calificaron ambientalistas y científicos las obras de construcción que el gobierno de Costa Rica ejecuta en paralelo al Río San Juan de Nicaragua, lo cual llevó al presidente Daniel Ortega a anunciar que acusará a la administración de San José ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ortega, junto al alto mando del Ejército de Nicaragua, anunció desde la Casa de los Pueblos que denunciará al gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla ante la CIJ, por la construcción de una obra en la zona de amortiguación del río San Juan, que a criterio de las autoridades nacionales afecta gravemente el caudal nicaragüense. 
El mandatario dijo que Costa Rica debió informar a su gobierno de la construcción de la vía en mención, e informó que su gobierno se está documentando con pruebas, desde el inicio de la construcción de la obra, para presentarlas ante el alto tribunal y la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), “puesto que la administración de la presidenta Laura Chinchilla nunca mostró voluntad de detener esa obra que afecta directamente al río San Juan”.

“Un verdadero crimen”
“Si bien es cierto ellos están en su derecho de construir la carretera, pero no tienen derecho de afectar el río. Y hay pruebas evidentes que están ya documentadas por parte de las instituciones del Estado nicaragüense y estamos recabando más para presentarle estas pruebas ante la CIJ e igualmente ante Ramsar”, dijo Ortega.
El titular del ejecutivo expresó que esperaba que la Convención de Humedales “acuda cuanto más pronto mejor” y mande una delegación a Nicaragua “para observar el daño que están provocando estas obras que está desarrollando Costa Rica”.
Ortega consideró que la ribera del río San Juan “está literalmente siendo arrasada” y que la acción es “un verdadero crimen contra la naturaleza”. 
Parece autopista
De igual modo, el ambientalista del Fondo Nacional de Reciclaje SOS Ambiente, Kamilo Lara, advirtió que la construcción de la carretera a la orilla del río va a significar un alto costo ambiental para ambos países, pero principalmente para el caudal nicaragüense.
Según Lara, la dimensión de la obra vial que la administración de San José ordenó construir en su territorio, sacrifica tratados internacionales, nacionales y binacionales, leyes ambientales costarricenses y leyes de infraestructura de su propio país.
“No es una trocha de comunicación, es una construcción de 14 metros de ancho, más 50 metros de derechos de vía. Es una pista del ancho de más de tres carriles más derecho de vía, es decir, una carretera troncal, que casi se está haciendo en la margen del lecho del San Juan”, señaló.
De acuerdo con información oficial del gobierno de Costa Rica, la inversión en infraestructura es de aproximadamente 7 mil millones de colones, según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica. Son aproximadamente 96 kilómetros de revestimiento de lastre, entre Los Chiles, San Carlos, Alajuela, Sarapiquí-Heredia, que realizan tres compañías constructoras con fondos del Consejo Nacional de Viabilidad y del Programa de Rescate de Puestos Fronterizos.
Barbarie
Según Lara, la alarma por el daño que está ocasionado la maquinaria al romper el suelo, botar árboles y generar sedimentos, ha llegado a conocimiento de organizaciones ambientales homólogas de Costa Rica, que están igualmente preocupadas por el impacto al equilibrio ambiental de la zona y a las repercusiones posteriores que podrían venir detrás, porque estiman que con la apertura de carreteras vienen los asentamientos, negocios, circulación de vehículos que dejan rastros de contaminantes y otros daños a cercano, mediano y largo plazo.
Para el ambientalista, las acciones de Costa Rica están destruyendo el ecosistema de la zona, afectando a las poblaciones nicaragüenses que viven en las cercanías del río y pudieran revertir todo el inmenso trabajo de dragado que desde hace un año realiza el país, para librar al río del sedimento que desde tiempo histórico viene arrojando Costa Rica.
“Son 96 kilómetros lineales por 14 metros de pista más 50 metros de derechos de vía, nada comparado con el supuesto daño ambiental que ellos señalan en 2.5 kilómetros cuadrados de territorio nacional en Harbour Head, en definitiva, es una barbarie ecológica”, dijo.
Tierra arrasada
Según la denuncia de sectores ambientalistas de Nicaragua, las obras costarricenses han arrasado con árboles, removido tierra, rotos riachuelos y suelo virgen, además que han dispuesto el sistema de drenaje y alcantarillado de su vía hacia el caudal del San Juan.
“Eso viola tratados internacionales y legislación propia de Costa Rica, porque el mismo Ministerio de Energías, Minas y Recursos Naturales, establece que las distancias que se deben respetar de las márgenes de ríos, lagos, lagunas o fuentes de agua, no pueden ser menos de 100 a 500 metros”, denunció Lara.
“Nicaragua debe recoger eso y enviarlo a La Haya, presentarlo al mundo, se debe acusar a Costa Rica ante todas las convenciones internacionales ambientalistas, Ramsar debe venir a ver, porque el impacto en la biodiversidad es directo, inmediato y de larga duración”, advirtió. 
Incer Barquero: “es inmenso”
El daño que la carretera causará al río fue catalogado como “inmenso” por el científico Jaime Incer Barquero, quien agregó que de esta forma se desvanece toda teoría que Costa Rica protege la naturaleza.
“Todo el movimiento de tierra en una zona arcillosa. Significa que el río San Juan va a recibir una gran cantidad de sedimento: y eso implica mayores obstáculos para la navegación y turbidez en sus aguas. La turbidez impide el desarrollo de la vida acuática”, explicó Incer Barquero.
El científico agregó que el país vecino también está perjudicándose, porque “esos sedimentos van para el río Colorado. La sedimentación no solamente es en el delta de la parte nica, sino en el delta del lado tico”.
“Lo más paradójico es que mientras Costa Rica protesta porque en el Río San Juan se despejó un caño que no mide más de 800 metros, están haciéndole un inmenso daño a casi 120 kilómetros del río, comprendido entre la desembocadura en San Carlos hasta el delta, de forma tal que se desvanece toda teoría que Costa Rica protege la naturaleza”, insistió. 
¿Y el permiso?
Costa Rica debió haber presentado los estudios de impacto ambiental a la Cancillería, tal como ellos han exigido a Nicaragua antes de la realización de proyectos en la frontera, consideró el director ejecutivo de la Fundación Amigos del Río San Juan, Fundar, Norwin Torres.
“Es necesario que haya reciprocidad en la forma de hacer los proyectos fronterizos. Costa Rica debió presentar la evaluación de impacto ambiental. Estas actividades deben ser consensuadas. Eso también tiene que ver con el respeto a nuestra soberanía”, opinó Torres.

El especialista expresó que la nación vecina no le ha prestado la debida atención a este tipo de carreteras y cortes de camino. “Les restan importancia, así como sucedió con el río Guacalito, cuyo dragado inundó varias comunidades. Ellos limpian sus caños, drenan sus cauces e inundan zonas de aquí”, agregó. 

(Con la colaboración de Matilde Córdoba).
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