lunes, 3 de octubre de 2011

Proyecciones sobre energías renovables en Nicaragua

San Jacinto Tizate




Se espera que el cambio gradual que experimentará la matriz energética en el país en los próximos dos años, “abra el camino” para que los precios de la energía que se comercializa a nivel nacional se estabilicen, y la tarifa final que se cobra a los usuarios se reduzca significativamente.

También se espera que haya una reducción del consumo de combustibles usados para la generación térmica, lo que dejará ahorros en los costos de la factura petrolera, calculados en más de 100 millones de dólares, según empresas del sector energético.

Datos de las principales generadoras del país y del Ministerio de Energía y Minas MEM, revelan que solo en consumo de barriles de petróleo por año, Nicaragua dejará de importar más de un millón 300 mil barriles por año, una vez que entren a operar los primeros tres proyectos de producción energética renovable, como el geotérmico San Jacinto-Tizate, y los eólicos Santa Fe, de Blue Power & Energy, y el de Eolo de Nicaragua S.A., que están siendo desarrollados por las empresas privadas.

Estas inversiones representan más de 600 millones de dólares en el país en tan solo tres años, según explicaron directivos de estas empresas que desarrollan estos proyectos.

Impacto del 15%

David Castillo, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, manifestó que cálculos de la institución apuntan a que en los próximos cinco años la tarifa podría reducirse en un 15%, lo que consideró muy positivo, tomando en consideración que el país en la actualidad depende de plantas generadoras alimentadas de combustibles, y el costo del barril de petróleo en el mercado internacional está proyectado a mantenerse entre los US$90 y US$100.

Castillo aseguró que a nivel macroeconómico, este cambio también tiene impactos positivos para el país, porque incide en el crecimiento interno y en el ahorro de divisas, es decir, que ayudará a “sanear” la balanza comercial.

“Es indudable que la transformación de la matriz de generación impactará positivamente en el país, sobre todo en lo referido a costo de tarifas. Frente al pronóstico casi unánime de todos los expertos, que ponen un petróleo a precios iguales o superiores a los US$90 por barril, esto es significativo, porque en los próximos cinco años deberá reducirse en el sistema de tarifas en al menos 15%, en la medida en que aumente o disminuya el precio del petróleo”, aseguró.

El funcionario destacó que también habrá beneficios positivos en materia de medio ambiente, que en un futuro posicionarían al país en un lugar preferencial para la evaluación del desarrollo sostenible.

En cuanto a “la integración regional eléctrica, nuestra posición geográfica nos da ventajas y nos favorece, porque ayudaría a elevar la capacidad de exportación de energía limpia a precios muy competitivos en la región. A lo interno del país, la agroindustria se beneficiará, porque estos proyectos vienen de la mano con la expansión de las redes de transmisión, favoreciendo las condiciones para el desarrollo de la electrificación rural”, agregó.

Tres millones de barriles de búnker menos

Nicaragua importa por año 10 millones de barriles de petróleo, de los cuales tres millones y medio de barriles son para la generación energética (fuel oil o búnker).

Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas, explicó que el plan de expansión de la matriz energética y la entrada de los proyectos de generación renovable, ayudarán a reducir las importaciones de crudo en el país.

Rappaccioli señaló que según las estimaciones del MEM, para finales de 2016, la matriz de generación térmica a base de combustibles, pasará de un 65 a un 8%. “Con la reducción en el consumo de búnker, el país reduciría sus importaciones de petróleo a 7 millones por año”, destacó.

Potencial de 650 megavatios

El ministro indicó que los principales proyectos de generación que estarían entrando en los siguientes años, serán el geotérmico de San Jacinto-Tizate, que producirá 72 y 80 megavatios combinados entre los eólicos de Blue Power Energía y Eolo de Nicaragua.

Explicó que para finales de 2014 irán entrando los hidroeléctricos como Tumarín, de 250 megavatios, y una inversión de US$1,110 millones; Larreynaga, que construye la Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL, de 17 megavatios; Hidropantasma, de inversión privada y que producirá 12 megavatios, y otro eólico de 40 megavatios que desarrollará la empresa ALBAeólico, del grupo Alba de Nicaragua, Albanisa.

“Hay otros geotérmicos como Casitas-San Cristóbal, Hoyo-Monte Galán, y Managua-Chiltepe que están en estudios. Sumado todo este potencial, en seis años serían 650 megavatios de potencia de energía renovable que tendrá a disposición el país. En materia de inversiones, se reflejarán US$240 millones, lo que ayudará a romper la dependencia de los hidrocarburos, que en los últimos años ha disparado los costos de generación en el país”, añadió el funcionario.

La oferta inmediata

San Jacinto-Tizate iniciará operaciones a finales de este año, aportando los primeros 36 megavatios de potencia en su primera etapa. La segunda fase, de 36 megavatios más, entrará en operaciones a mediados de 2012. La inversión total del proyecto se acerca a los US$400 millones.

Antonio Rodríguez, Gerente General de la Planta San Jacinto-Tizate, explicó recientemente que todo el proyecto tiene al menos 17 pozos para producción de vapor y reinyección de agua, que serán usados para la producción energética. “A mediados de octubre de este año iniciamos pruebas de generación, y en diciembre se estará inyectando electricidad a la red eléctrica nacional”, confirmó.

Rodríguez afirmó que la planta contará con una nueva subestación eléctrica, con capacidad para operar los 72 megavatios. “Nicaragua figura a nivel mundial por invertir en geotermia. Estamos hablando de que solo dos proyectos por año se ejecutan en el mundo”, expresó.

La entrada en operaciones de la primera fase de San Jacinto Tizate permitirá operar con un costo promedio de generación de US$92, según los contratos de compra-venta firmados con las distribuidoras Disnorte-Dissur, del grupo Gas Natural.
Garantía para estabilizar precios
José Ley Lau, directivo de la empresa Blue Power, destacó que los proyectos renovables ofrecen una sólida garantía para lograr estabilidad de los precios de la energía.
“No sabemos hasta dónde pueden llegar los precios de los combustibles, que mantienen una tendencia hacia el alza, y eso te dispara los costos de generación. En julio de 2008, el barril de búnker estaba en US$48 y ahora se mantiene en US$90. La energía renovable brinda precios estables que se ajustan solo para compensar inflación”, agregó.

Lau destacó lo positivo en las reducciones de gases de efecto invernadero, donde se reducen los niveles de emisiones de CO2 por año. “Por cada megavatio hora de generación térmica que se deja de producir, se dejan de emitir, aproximadamente, 0.7 toneladas de Dióxido de Carbono en la atmósfera”, aseguró.

“Nosotros generaremos 145 millones de kilovatios renovables hora por año. Nicaragua produce 16 kilovatios horas con cada galón de fuel oil, y ahorraremos 200,000 barriles, US$20 millones anuales”, destacó.

El costo promedio de cada megavatio, generado en este parque eólico fue fijado en US$104.5, y aumentará un promedio del 3% en los primeros 12 años.

Estadísticas del Centro Nacional de Despacho de Carga, CNDC, revelaron que el precio promedio de generación en la última semana de septiembre se mantuvo en US$175 el megavatio, producido con una matriz energética mixta.

Datos de Disnorte-Dissur revelaron que el precio promedio de compra se disparó entre los US$190 y US$201 en este mes, por poco aporte de generación renovable.

Usuarios primeros beneficiados

Jorge Rooseess, dirigente de la Red Nacional de Defensa al Consumidor, RNDC, dijo que estos cambios en la matriz de generación deberán traer beneficios a los consumidores, al país y al medio ambiente.

“Se supone que al producir energía con plantas que usan sistemas renovables, la energía debe abaratarse y beneficiar a los consumidores. Este beneficio que deberíamos recibir será en el mediano plazo, porque en Nicaragua se continúan implementando los famosos Contratos por Potencia Instalada, que significan un costo adicional en el precio de la energía”, indicó.

Marvin Pomares, representante del Instituto Nacional de Defensa de los consumidores, Indec, opinó que todo cambio que tenga la matriz energética, que sustituya la producción térmica por renovable, es positivo para el país y para los consumidores, siempre y cuando la tarifa final baje.

“Son tres proyectos renovables los que entrarán a operar en estos dos años, pero el INE debe asegurarse de que las empresas generadoras establezcan precios baratos. El beneficio debe ser directo a los consumidores, y se deberá reflejar en reducción de facturas de consumo. Creemos que en la medida que haya más oferta renovable, el costo de la energía bajará en el país”, enfatizó.
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domingo, 2 de octubre de 2011

Se creará la Agencia Nacional Minera y será reestructurado el Ministerio de Minas y Energía.(COLOMBIA)







El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que conforman el total del suelo patrio, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin, aproximadamente la superficie de los 4 departamentos más grandes del país (Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta), más todo el Eje Cafetero, Cundinamarca y el Valle del Cauca juntos. Esto en un país, en el que gracias al maremágnum de reformas aperturistas iniciadas en los años 90, el agro y la industria sufrieron un rezago descomunal, y donde se estima que hay disponibles y no cultivadas apenas 4,97 millones de hectáreas para agricultura 

Esta es la proporción de la política minera plasmada en el código de minas de 2001 ratificada en la reforma de 2010. Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.

La expansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la gran mayoría de las políticas de nuestros gobiernos, no a las autenticas necesidades del pueblo colombiano sino a intereses ajenos a ellos. Con la economía de las grandes potencias tremendamente debilitada gracias a las recurrentes crisis que el sistema capitalista provoca, con la necesidad de buscar nuevamente riqueza sustentada en los metales preciosos y con precios del oro llegando a sus máximos registros históricos, superando los 1400 dólares la onza, son naturales las expediciones que nuevamente emprenden a países que como Colombia, poseen estos preciados recursos. El capital financiero internacional bajo esta lógica se ha fortalecido y ha asumido un rol preponderante, llegando a tener inversiones en la industria minera mundial del orden de los 84.327 millones de dólares entre 2000 y 2006, a través de proveedores de fondos tan poderosos como JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings, ING, entre otros grandes conglomerados financieros del mundo.
Prueba de la desesperada sed de las potencias por los recursos minero-energéticos, reflejada en las invasiones a Irak y Afganistán, es el aprovechamiento de circunstancias coyunturales como la de Libia. Bajo pretextos humanitarios, Estados Unidos retoma posiciones de mando y control sobre los recursos de una zona que ha sido esquiva a sus mandatos.

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un abrumador ingreso de compañías mineras canadienses a Colombia y que estas representan el 75% de la industria minera mundial, no es de extrañar el alborozo del actual ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry, quien notablemente cómodo con el tipo de relaciones que Colombia posee con el mundo, expresara hace poco: "los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10 años. De lo que estamos muy contentos" . Muestras tangibles de la actitud de la alta clase dirigente de nuestro país frente a las grandes potencias y sus intereses. Cabría anotar que sólo le restó manifestar al ministro en su arrebato de honestidad brutal, que hace más de un siglo y bajo condiciones similares también nos habían "descubierto" los gringos.

Amagá, El Hoyo-Patía, Suarez, Marmato, La Jagua de Ibirico, Anaime, Quinchía, Tabaco, Pore, Taraira, Socha, Montelibano, Sardinata, Remedios, Buenos Aires, la serranía de San Lucas, Condoto, Cajamarca, son entre muchas otras poblaciones colombianas, el ejemplo del modelo minero que se intenta imponer en nuestro país. Han sido en unos casos, damnificados por las leoninas condiciones laborales fijadas por las transnacionales y testigos de primera mano del abandono estatal, del asfixiamiento y acoso a la minería tradicional local, y en otros, se pretende que sean víctimas de la destrucción de su medio ambiente, del desplazamiento de sus poblaciones, del despojo de su hábitat, del arrebatamiento de sus tradiciones y de la expropiación de sus trabajos, su vida y su historia. Todas estas comunidades tienen suficientes razones para sentirse desamparadas por el Estado y poseen el justo y legitimo derecho a rebelarse en contra de las políticas del acoso y el saqueo agenciadas por quienes en teoría deberían defender sus intereses.

Esta es la verdadera cara de la locomotora minera de Santos. Vagones llenos de gabelas y privilegios para las compañías transnacionales, colmados de exenciones tributarias, descuentos y facilidades enormes para realizar negocios de acuerdo a su conveniencia con formidables márgenes de ganancia, todo ello contrastado con la persecución rastrera a los mineros pequeños y tradicionales de nuestro país. La profundización de la confianza inversionista intenta sumir a una enorme porción de nuestra población en una funesta lógica, inexpugnable según nuestros dirigentes, en la que la inserción en el mercado mundial de economías tan languidecidas y debilitadas como la colombiana debe darse a cualquier costo, sin importar las asimetrías que existan, el lugar rezagado que en él juguemos, y el deterioro que este tipo de políticas generen en nuestra población.

Asistimos a un escenario desolador y apabullante. El prurito por la reprimarizacion de nuestra economía no tiene parangón alguno, las políticas del despojo, expoliación y pillaje lejos de combatirse se han institucionalizado y se les ha brindado un cariz de progreso y bienestar, cuando en realidad anidan en su interior las mismas formulas que han perpetuado el atraso y el subdesarrollo en nuestro país.

Las venas de Colombia siguen abiertas. Las cicatrices que aun conservamos en la piel de nuestra nación, como las de la lucha por nuestra independencia hace 200 años, nos demuestran que los pueblos cuando se resuelven pueden vencer las políticas entreguistas y los regímenes antipatrióticos, y pueden decidir por sí mismos su destino. La concientización, la organización y la movilización deberán marcar el camino para que, al igual que en el caso de la victoria en Santurbán, derrotemos la sumisa entrega de nuestros recursos y podamos descarrilar definitivamente la nefasta locomotora minera de Santos.

Darío Arenas - Artículo escrito con relación al II Encuentro Nacional de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME, llevado a cabo el 8 y 9 de Abril de 2011 en Bogotá.




Se creará la Agencia Nacional Minera y será reestructurado el Ministerio de Minas y Energía.(Colombia)

Cambios en materia normativa, en Ingeominas y en otras entidades del sector minero y medidas en materia de importación de maquinaria e insumos para la extracción de oro son, entre muchas otras, las reformas que incluirá el revolcón en esta área. Tras varios meses de estudios, consultas y análisis, el Gobierno presentará esta semana a toda la industria minera la propuesta que reforma las instituciones que regulan y vigilan esta actividad, así como nuevas iniciativas en lo normativo.

El revolcón incluye, además del traslado de las funciones de Ingeominas a la nueva Agencia Nacional Minera (ANM), importantes cambios en la estructura de otras entidades, entre ellas el propio Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme). Además de la nueva organización institucional, que se pondrá en marcha utilizando la ley de facultades para reestructuración de entidades públicas, los cambios abarcan otras acciones. 

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega , reveló que, en conjunto con Planeación Nacional, se está puliendo un documento Conpes en el que se adoptan decisiones relacionadas con la importación de maquinaria e insumos utilizados en la extracción de oro. De acuerdo con el funcionario, en los últimos meses se ha detectado un aumento del ingreso de elementos como el cianuro y el mercurio al país, así como de explosivos utilizados en la extracción subterránea de este mineral. En los últimos meses el Gobierno intensificó los operativos para incautar las dragas y retroexcavadoras que están depredando los ríos. "La reestructuración ha tomado bastante tiempo por la gran debilidad institucional que existe", señaló. 

Listo el nuevo código tras la caída de la Ley 1382 en el examen de la Corte Constitucional, el Gobierno decidió fortalecer una propuesta -en la que venía trabajando hace varios meses- de un nuevo Código Minero, que también se socializará con las comunidades, la industria y las regiones antes de llevarlo al Congreso. Según Rodado, debido a que la aprobación de esta nueva ley puede tardar uno o dos años, con el Plan de Desarrollo se pusieron en marcha varias acciones para atender los problemas más urgentes y para resolver las grandes restricciones para una administración eficiente y transparente del sector, "porque hay varias normas que, si bien se hicieron con buena intención, resultaron ser perversas". Un ejemplo son los vacíos en la legalización de títulos, ya que, bajo el código actual, los titulares mineros quedan prácticamente inmunes contra cualquier medida administrativa, mientras se adelanta este trámite. "Eso lo usan los narcotraficantes y los grupos irregulares que están en la minería ilegal. Cuando la Policía les incauta la maquinaria, tienen unos abogados bien pagos que se valen de esta norma para exigir la devolución de los equipos", señaló. 

Además del aumento de multas, también están operando la suspensión de actividades por seis meses cuando se incumplen normas y la aplicación de la caducidad del título si en este lapso la empresa o el titular minero no corrigen las fallas. 

Seis meses más de suspensión. Para terminar de procesar las solicitudes de títulos mineros represadas, el Gobierno decidió extender por seis meses más la restricción para radicar nuevas solicitudes. De un total de 19.029 que había a febrero, Ingeominas ya ha resuelto 3.194 y hay 7.915 en evaluación. La última cifra es de los que pueden estar notificados, pero contra los que se interpuso recurso.

IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES

El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 02 de febrero, desde 1997; conmemorando la Convención RAMSAR de 1971. La fecha motiva...